Resumen: Condiciones generales contenidas en contratos celebrados con consumidores. Allanamiento al contestar la demanda y tratamiento procesal de las costas procesales cuando existe requerimiento extrajudicial atendido por la entidad financiera demandada. En este caso la reclamación extrajudicial del recurrente, una vez ya estaba en vigor el RDL 1/2017, fue atendida temporáneamente por el banco demandado, que realizó una oferta escrita al demandante de devolución de determinada suma dineraria, detallada y desglosada, incluyendo intereses desde la firma del préstamo; y la recepción de dicha oferta escrita por el recurrente consta acreditada mediante su firma manuscrita en dicho documento. Se trata, por tanto, de una oferta seria y bien fundada dirigida a resolver efectiva y positivamente la reclamación y encaminada a evitar la necesidad de tener que acudir a la vía judicial. No consta que el recurrente rechazase el cálculo plasmado en dicha oferta ni que declinase la misma, sino que una vez firmada su recepción optó por interponer demanda. Ni en el requerimiento extrajudicial ni en la demanda consta la reclamación de una suma dineraria concreta o aproximada y el juzgado de primera instancia difirió a ejecución de sentencia la liquidación de la suma concreta a devolver. Por consiguiente, tampoco cabe apreciar que la sentencia de primera instancia fuera más favorable que la oferta extrajudicial. No procede imponer las costas a la entidad bancaria demandada.
Resumen: Recurso extraordinario por infracción procesal: no procede resolver cuestiones ajenas a la infracción denunciada en el encabezamiento del motivo, menos aún si tienen naturaleza sustantiva; el principio de justicia rogada y el deber de congruencia; en el caso, inexistencia de incongruencia (adecuación sustancial entre la demanda y el fallo). Conflicto entre la facultad de autoorganización del partido político y el derecho de participación del afiliado basado en la exigencia de estructura y funcionamiento democráticos. Los partidos políticos como asociaciones que caen en el ámbito del art. 22 CE, pero con una especial relevancia constitucional. Estructura interna y funcionamiento democráticos. Derecho de autoorganización no absoluto: está limitado por el derecho de los propios afiliados a la participación en su organización y funcionamiento; derechos con el mismo nivel de reconocimiento constitucional. Funcionamiento democrático interno. Derechos de los afiliados a ser elegibles para los cargos del mismo. Límites del derecho de los afiliados a postularse a los cargos del partido: regulación por las normas internas del partido, que no pueden suponer un impedimento o un obstáculo excesivo para participar en esos procesos electorales. Alcance del control jurisdiccional de la actividad de los partidos políticos. En el caso: limitaciones derivadas de la exigencia de avales. Motivo de casación que no afecta a la ratio decidendi de la sentencia recurrida.
Resumen: La sentencia, dice la Audiencia, no se pronuncia expresamente sobre dichas pretensiones, aunque podríamos sostener que estamos ante una desestimación tácita de esas pretensiones. El art. 456.1 LEC no exige la previa solicitud de complemento de sentencia para poder perseguir las pretensiones formuladas en la primera instancia. El recurso de apelación hace que su posición frente a los litigantes ha de ser la misma que ocupó el órgano "a quo" en el momento de decidir, dentro de los términos en que el debate se desenvolvió. La apelación somete al tribunal "ad quem" el total conocimiento del litigio en términos que le faculta para valorar los elementos probatorios y apreciar las cuestiones debatidas según su propio criterio. Respecto a la "comisión de amortización, total o parcial", señala que la cláusula del contrato objeto de este procedimiento estaba amparada por la normativa vigente a la fecha del otorgamiento del contrato. La Audiencia examina esa normativa desde el punto de vista de la abusividad y, en especial, de la Ley de 5/2019, de 15 de marzo. En las condiciones del préstamo, un 1º% puede producir un enriquecimiento injusto en favor de la prestamista. A las otras dos comisiones, les aplica el criterio que la Audiencia sigue respecto de las cláusulas que regulan una comisión de apertura. Las declara nulas al inferir en ellas un desequilibrio contra la parte prestataria.
Resumen: Recurso de casación admisible: se identifica la cuestión jurídica planteada y la materia interés casacional. Reiteración de la doctrina jurisprudencial de las STS 580/2020, 581/2020 sobre novación de cláusulas suelo de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el caso: i) el acuerdo novatorio supera el control de transparencia en atención a las siguientes circunstancias: fue adoptado cuando ya se había publicado la STS 241/2013 y existía un conocimiento generalizado sobre la cláusula suelo y las exigencias de transparencia; redacción clara e inteligible; facilidad de comprensión de las consecuencias jurídicas y económicas (aplicación de un interés remuneratorio a tipo fijo, con indicación del importe de la cuota resultante), para un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede la restitución a los demandantes de las cantidades indebidamente abonadas en aplicación de la cláusula suelo contenida en el préstamo hipotecario hasta el acuerdo novatorio que se declara válido. El acuerdo no contiene una cláusula de renuncia de acciones, ni se desprende del acuerdo de novación. Costas procesales: estimada la acción de nulidad por abusiva de la cláusula suelo, procede mantener la condena en costas en primera instancia aunque no se hayan estimado todas las pretensiones restitutorias, en aplicación de la STJUE de 16 de julio de 2020 (asuntos acumulados C-224/19 y C-259/19).
Resumen: Reiteración de la doctrina de las STS 580/2020 y 581/2020 sobre novación de cláusulas suelo y renuncia de acciones. Se declara la validez del acuerdo novatorio que suspende temporalmente la aplicación de la cláusula y la nulidad de la renuncia genérica al ejercicio de acciones. La nulidad de la renuncia de acciones permite entrar a analizar la transparencia de la cláusula suelo concertada en el originario préstamo hipotecario. Doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el control de transparencia. El control de transparencia no se agota en el mero control de incorporación, sino que supone un plus sobre el mismo. No solo es necesario que las cláusulas estén redactadas de forma clara y comprensible, sino también que el adherente pueda tener un conocimiento real de las mismas, de forma que un consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, sus consecuencias económicas. Relevancia de la información precontractual. En el examen de la transparencia se deberá tener en cuenta el conjunto de circunstancias en torno a la celebración del contrato. En el caso, no se supera el control de transparencia pues no consta que con carácter previo a su firma, los prestatarios hubieran sido informados de la cláusula. Se declara la nulidad de la cláusula suelo y la condena a la devolución de las cantidades indebidamente cobradas en aplicación de esa inicial cláusula suelo hasta la suscripción del acuerdo novatorio.
Resumen: Demanda sobre nulidad de cláusula de gastos inserta en préstamo hipotecario. La sentencia de primera instancia estimó la demanda sin imponer a la demandada el pago de las costas por considerar que en la demanda se había ejercitado sólo una acción mero declarativa sin trascendencia económica, de forma que el demandante pretendía únicamente la imposición de las costas procesales a la parte demandada. Recurrida la sentencia por la demandante, la Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación, confirmó la sentencia de primera instancia, haciendo propios los razonamientos de ésta e impuso al demandante el pago de las costas procesales de segunda instancia. Recurre en casación el demandante y la sala estima el recurso. La Sala declara que las exigencias previstas en la Directiva 93/13/CEE y los principios de no vinculación y de efectividad del Derecho de la UE, conducen a que, estimada la acción de nulidad por abusiva de la cláusula de gastos, multidivisa, vencimiento anticipado, e intereses moratorios, aunque no se estimen la totalidad de todas las cláusulas impugnadas en los términos inicialmente establecidos en la demanda, o la totalidad de las pretensiones restitutorias, procede la imposición de las costas de la primera instancia al banco demandado. Por tal razón, se estima el recurso de casación, que conlleva la estimación del recurso de apelación, e imponer las costas procesales de la primera instancia al banco demandado, como solicitaba el recurrente.
Resumen: Modificación o novación de la cláusula suelo: es posible siempre que haya sido negociada o, en su defecto, cuando se hubiera empleado una cláusula contractual predispuesta, esta última cumpla con las exigencias de transparencia; en el caso se supera el control de transparencia atendiendo a las circunstancias concurrentes: conocimiento generalizado de la eventual nulidad de las cláusulas suelo tras la STS 241/2013, repercusión de la originaria cláusula suelo, redacción clara e inteligible, reconocimiento del consumidor de haber sido informados de forma precisa, comprensibilidad por un consumidor medio y razonablemente informado. Renuncia de acciones: reproducción de la doctrina de las SSTS 580/2020 y 581/2020 sobre nulidad de la cláusula de renuncia de acciones en relación con las cláusulas suelo; el TJUE admite la validez de la renuncia siempre que no se refiera a controversias futuras y haya sido individualmente negociada y libremente aceptada, y en caso de no haber sido individualmente negociada, la cláusula debe cumplir las exigencias de transparencia; en el caso, la cláusula es nula, ya que el consumidor no dispuso de la información pertinente que le permitiera comprender las consecuencias jurídicas y económicas que derivaban de la cláusula. Costas procesales: pese a la estimación parcial de la demanda, procede la condena en costas de primera instancia, en aplicación de la doctrina contenida en la sentencia del TJUE de 16 de julio de 2020, asuntos C-224/19 y C-259/19.
Resumen: Motivo de casación admisible: se indica la norma infringida y a la jurisprudencia vulnerada. Reproducción de la doctrina de las STS 580/2020 y 581/2020 sobre novación de cláusulas suelo, y de otras sentencias que aplican dicha doctrina en los recursos de Ibercaja contra sentencias de las Audiencias de Cáceres y Badajoz sobre cláusulas suelo y acuerdos novatorios. Validez del acuerdo que suprime la originaria cláusula suelo, ya que supera el control de transparencia en atención a las siguientes circunstancias: fue adoptado cuando ya se había publicado la STS 241/2013 y existía un conocimiento generalizado sobre la cláusula suelo y las exigencias de transparencia; redacción clara e inteligible; facilidad de comprensión de las consecuencias jurídicas y económicas (aplicación de un interés fijo) para un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. La novación no dejó sin objeto la acción de nulidad de la cláusula suelo. Nulidad de la cláusula de renuncia al ejercicio de acciones, porque no consta acreditado que se hubieran facilitado al consumidor los datos e información exigible sobre las consecuencias jurídicas y económicas derivadas de tal renuncia. Procede la restitución de las cantidades indebidamente cobradas en aplicación de la inicial cláusula suelo hasta la entrada en vigor del acuerdo novatorio. No se hace expresa imposición de las costas de los recursos de casación y apelación y se mantiene la condena en costas en primera instancia.
Resumen: Reiteración de la doctrina de las STS 580/2020, 581/2020 sobre novación de cláusulas suelo de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el caso: i) el acuerdo novatorio supera el control de transparencia en atención a las siguientes circunstancias: fue adoptado cuando ya se había publicado la STS 241/2013 y existía un conocimiento generalizado sobre la cláusula suelo y las exigencias de transparencia; redacción clara e inteligible para un consumidor medio; facilidad de comprensión de las consecuencias jurídicas y económicas (fijación temporal de interés fijo con indicación de cuotas y posterior aplicación del interés variable previsto en la póliza originariamente sin la cláusula suelo) para un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz; ii) nulidad de la cláusula de renuncia de acciones: carácter abusivo por falta de transparencia, ya que no se acredita haber facilitado al consumidor la información exigible sobre las consecuencias jurídicas y económicas, información que no puede sustituirse ni suplirse por la incorporación en la escritura de una declaración estereotipada en el sentido de que se reconoce que se ha sido informado de las condiciones y que se aceptan. Costas procesales: estimada la acción de nulidad por abusividad, procede mantener la condena en costas de primera instancia en aplicación de la doctrina contenida en la sentencia del TJUE de 16 de julio de 2020, asuntos C-224/19 y C-259/19.
Resumen: Ley 57/1968. Inexistencia de cosa juzgada negativa y de preclusión de alegaciones. Primer litigio, concluido por sentencia firme, promovido por varios cooperativistas, en ejercicio de una acción declarativa de la responsabilidad del banco, y segundo litigio promovido por uno solo de los cooperativistas en ejercicio de una acción de condena al mismo banco al pago de sus anticipos. Reiteración de la doctrina fijada por la STS de pleno 331/2022, seguida por las SSTS 480/2022 y 684/2023. Estimación del recurso extraordinario por infracción procesal lo que determina que proceda dictar nueva sentencia teniendo en cuenta lo alegado en el recurso de casación. Estimación parcial del recurso de apelación: exclusión del importe de la condena de la cantidad que no consta transferida al banco demandado, a lo que no obsta que la administración concursal de la promotora la reconociera como crédito a favor del demandante frente a la promotora pero no frente al banco. Proceden los intereses legales desde las fechas de entrega de las aportaciones por el demandante.
