Resumen: Acción de nulidad por abusiva de la cláusula de intereses moratorios y gastos, reclamando la restitución de cantidades. La reclamación extrajudicial previa no fue atendida por la demandada. La sentencia dictada en primera instancia estimó parcialmente la demanda, declarando la nulidad de las cláusulas cuestionadas, reduciendo el importe de la cantidad objeto de restitución respecto de lo solicitado por el demandante, sin imposición de costas .La Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación, estimando que hubo allanamiento parcial de la demandada, dictándose la sentencia conforme a dicho allanamiento, extrayendo por ello como conclusión «que hemos de suponer que si hubiera habido un requerimiento ajustado a dichos gastos, la demandada lo habría atendido extrajudicialmente». Estimación del recurso de casación. La entidad prestamista no tomó la iniciativa de reparar el daño patrimonial causado al prestatario como consecuencia de la aplicación de la cláusula abusiva, sin existir, antes del allanamiento parcial, duda en este caso sobre la obligación de resarcir al actor, admitida, y desde luego como mínimo desde las sentencias de 23 de enero de 2019, 44/2019, 46/2019, 47/2019, 48/2019 y 49/2019, todas de 23 de enero, antes del allanamiento parcial de la demandada, teniendo en cuenta que el comportamiento de la entidad financiera que debemos valorar, sentencia de pleno 565/2024 de 25 de abril, en aplicación de la doctrina de la STJUE de 13 de julio de 2023 (C-35/22), no es tanto un deber de reacción al requerimiento, como un deber propio, proactivo, sin tomar la iniciativa para reparar el daño patrimonial causado como consecuencia de la aplicación de la cláusula abusiva.
Resumen: La Sala recuerda la improcedencia de tomar en consideración el plazo de tres meses previsto en el art. 3 del Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, como un término de comparación adecuado para determinar la razonabilidad del plazo de respuesta de la entidad financiera al requerimiento fehaciente formulado por el consumidor para la eliminación de la cláusula suelo y la restitución de lo cobrado indebidamente. En cualquier caso, el tiempo transcurrido entre el requerimiento y la demanda, a la que se allanó la entidad demandada, no puede impedir en este caso la condena en costas en primera instancia, encontrándonos en situación similar a la examinada en la sentencia de pleno 565/2024 de 25 de abril, en aplicación de la doctrina de la STJUE de 13 de julio de 2023 (C-35/22), existiendo jurisprudencia clara y constante, sobre la abusividad de la cláusula suelo en estos préstamos con garantía hipotecaria concertados con consumidores, y sobre la procedencia de restituir la totalidad de las cantidades cobradas por la entidad financiera. En consecuencia, como la entidad prestamista no tomó la iniciativa de reparar el daño patrimonial causado a los prestatarios como consecuencia de la aplicación de la cláusula abusiva, su comportamiento posterior al requerimiento extrajudicial efectuado por los demandantes no puede eximirle de la imposición de costas.
Resumen: La sala estima el recurso extraordinario por infracción procesal al apreciar que la sentencia recurrida incurre en incongruencia. La sala razona que en el caso, en la demanda inicial del procedimiento se ejercitó, como principal, una acción de nulidad absoluta del préstamo hipotecario y las demás operaciones que traían causa de él, con fundamento en la vulneración de normas imperativas y la existencia de causa torpe, y con mención de la normativa reguladora del mercado de valores e instrumentos financieros. Y con carácter subsidiario, se ejercitó una acción de anulabilidad por la existencia de vicios en el consentimiento. La sentencia recurrida altera la causa de pedir, pues en vez de basar su examen del caso y adoptar la correspondiente resolución en función de las acciones efectivamente ejercitadas en la demanda (nulidad absoluta y nulidad relativa por vicios del consentimiento), declara la nulidad del contrato de préstamo por unas causas que no habían sido invocadas en la demanda. En consecuencia, la sentencia recurrida resulta incongruente, conforme al art. 218.1 LEC. Se acuerda la devolución de actuaciones porque la Audiencia Provincial no ha examinado realmente las alegaciones planteadas en el recurso de apelación, en relación, a su vez, con las planteadas en primera instancia.
Resumen: Procedimientos de familia. Reconvención. Cuando la ley exige reconvención expresa lo hace con el fin de someter a un régimen formal la ampliación o integración del objeto del proceso, de forma suficiente para garantizar la seguridad jurídica procesal, pero considera la jurisprudencia que cuando la parte demandante solicita que no se fije una medida concreta, introduciendo de maneras clara y expresa su discusión en el debate, debe considerarse que se cumplen los requisitos de formalidad suficientes para considerar ampliado el objeto del proceso no solo a la posibilidad de denegar la medida, sino también, como reverso lógico, a la posibilidad de concederla. En el caso, no se precisa reconvención expresa porque la actora y apelada, introdujo en el debate la necesidad de extinguir o mantener el uso de la vivienda familiar y, por tanto, no era precisa demanda reconvencional.
Resumen: La sentencia de instancia condena a los demandados a abonar la deuda derivado del contrato de préstamo con una entidad financiera. En su apelación, los recurrentes alegan un error de valoración por parte del juez de instancia basándose en que la entidad financiera abusó de su posición dominante al ejecutar la póliza de crédito sin buscar alternativas de cobro, lo que contravendría el principio de buena fe. Se rechaza el recurso porque se trata de una alegación ex novo y el tribunal de apelación señala que solo puede revisar los aspectos planteados en el recurso. Pero además se concluye que no existe abuso de derecho porque la parte actora no haya acudido a la mediación, cuanto intentó varias reclamaciones extrajudiciales de la deuda, que no fueron atendidas, ni hubo ofrecimiento alguno por parte de los demandado para el pago de la deuda que se reclamaba, y que cuando planteó la demanda, la parte demandada únicamente algo se limitó a negar los hechos, a impugnar todos los documentos de forma genérica, así como a negar la deuda, sin sustento probatorio alguno.
Resumen: Contrato de arrendamiento sobre local en que las partes pactan una duración de 36 meses. El requerimiento del arrendador enviado al arrendatario notificando su voluntad de finar el contrato por término del plazo, tiene lugar con posterioridad a que transcurran más de quince días desde la finalización del contrato y por tanto no puede tener el efecto de producir su extinción sino que se produce una tácita reconducción que es un nuevo contrato cuyo tiempo de duración se rige por lo dispuesto en el código civil y, al caso, es por meses. Respecto a este nuevo contrato no se ha expedido la comunicación de su terminación, al no poder servir para tal efecto el primeramente remitido. En consecuencia la demanda se desestima.
Resumen: Nulidad de laudo arbitral sobre indemnización por responsabilidad contractual y garantías relacionadas con un contrato de arrendamiento de obra. El laudo desestimó la demanda por prescripción de la acción y acogió la reconvención, condenando a la parte actora al pago de una suma. Se instó la corrección del laudo, pero el árbitro consideró que dicha solicitud fue presentada fuera de plazo. El tribunal, tras analizar la fecha de notificación del laudo, concluyó que la interposición de la demanda de nulidad del laudo se encontraba dentro de plazo. Declaró además que el laudo era incongruente al no pronunciarse sobre una de las acciones acumuladas, lo que generó indefensión a la parte actora. La incongruencia omisiva implica dejar sin contestar a alguna de las pretensiones formuladas por las partes y según doctrina constitucional es incardinarle en el concepto de orden público procesal. El árbitro pudo corregir tal defecto si hubiese respondido al escrito de aclaración, rectificación o complemento. Se estima la acción de nulidad del laudo arbitral.
Resumen: Demanda de responsabilidad derivada de productos defectuosos. La Audiencia Provincial consideró que la única acción ejercitada en la demanda era la de responsabilidad por producto defectuoso, que había caducado por transcurso del plazo de 10 años, así como que no era factible la ampliación de la acción ejercitada en la audiencia previa, por lo que apreció la incongruencia extra petita al haberse analizado la existencia de una responsabilidad por culpa no entablada. La sala estima el recurso extraordinario por infracción procesal al considerar que el recurso de apelación versó sobre la concurrencia de los requisitos necesarios para declarar una responsabilidad de tal clase, lo que no produjo indefensión en la parte apelada, que pudo ejercitar al respecto su derecho de defensa con pleno conocimiento de los motivos del recurso y mediante la alegación de los hechos y fundamentos jurídicos obstativos a la referida acción ejercitada. Dicha parte no formuló una expresa oposición al ejercicio de una acción de tal clase, tanto en la audiencia previa, cuestionando una ampliación ilegítima del objeto del proceso causante de indefensión, como tampoco en la oposición del recurso. Devolución de las actuaciones a la Audiencia, al carecer de los oportunos pronunciamientos del tribunal de apelación sobre las pretensiones fundamentales de naturaleza fáctica y jurídica planteadas en el recurso de apelación interpuesto y que no han resultado enjuiciados en la segunda instancia.
Resumen: Cláusula suelo. Reproducción de la doctrina de las SSTS 580/2020 y 581/2020 sobre novación de cláusulas suelo y renuncia de acciones. La jurisprudencia del TJUE admite la posibilidad de que una cláusula potencialmente nula pueda ser modificada por las partes con posterioridad, pero si esta modificación no ha sido negociada deberá superar el control de transparencia. Con aplicación de esta doctrina, en el caso objeto de autos, la Sala aprecia la validez de la estipulación del contrato privado que modifica la cláusula suelo y reduce el límite mínimo a la variabilidad del interés remuneratorio, y la nulidad de la cláusula de renuncia de acciones, por lo que procede la restitución de las cantidades indebidamente cobradas en aplicación de esa inicial cláusula suelo hasta la suscripción del acuerdo novatorio. Al igual que en las sentencias citadas, se imponen las costas de los recursos de casación y apelación, y se mantiene la condena en costas en primera instancia, de acuerdo con la doctrina del TJUE.
Resumen: Reclamación por póliza de seguro de accidentes . Cobertura de Incapacidad Permanente. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda . Recurrió el actor y la Audiencia desestimó el recurso. La parte actora interpone recurso extraordinario por infracción procesal y de casación. Se estima el primer motivo del recurso extraordinario por infracción procesal, porque no ha habido cosa juzgada por preclusión de alegaciones. El recurrente interpuso la primera demanda sobre incapacidad temporal cuando todavía no podía ejercitar la acción de reclamación de la indemnización por incapacidad permanente, y el condicionado general de la póliza establecía expresamente que el derecho a la indemnización por invalidez temporal era independiente del que correspondiera por fallecimiento o declaración de invalidez permanente, si bien cesaría cuando se declarase esta última. De donde se desprende que el asegurado podía ejercitar las acciones independientemente por cada cobertura del seguro. Por ello sin necesidad de examinar el segundo motivo del recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación, por sus mismos razonamientos, se anula la sentencia recurrida, también debe estimarse el recurso de apelación. Lo que conlleva la estimación de la demanda al estar plenamente acreditada la situación de incapacidad permanente. Si bien, con la misma proporción (25%/75%) que en su día se acordó sobre la incapacidad temporal, en cuanto la anterior sentencia tiene efecto de cosa juzgada positiva o prejudicial respecto de esta ( art. 222.4 LEC).
